MEXICO FISCAL: amparo

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Derecho a la Educación análisis en Derechos Humanos México

Bajo la mirada del Tigre. septiembre 05, 2020

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JURISPRUDENCIA: Recurso de Revisión Fiscal en Línea Procedencia.

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JURISPRUDENCIA: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, Amparo medio control extraordinario.

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JURISPRUDENCIA: Embargo precautorio, inembargabilidad de bienes.

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Procedencia del Juicio de Derechos Humanos. AMPARO (2013)

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Derecho a la Educación análisis en Derechos Humanos México

Análisis del Derecho a la Educación.

Perspectiva desde los Derechos Humanos.Por: José Antonio Apipilhuasco.

Derecho a la Educación análisis en Derechos Humanos México

En este vídeo se analiza la realidad del derecho humano a la educación en México.}

Conocerás qué es la verdadera educación y cómo se compone.

Conocerás la importancia de una buena educación.

Como abogado conocerás argumentos de progresividad en materia de defensa de la realización de éste derecho esencial a la humanidad.

Análisis del Derecho a la Educación dese la perspectiva de los Derechos Humanos.
José Antonio Apipilhuasco Ramírez.

JURISPRUDENCIA: Recurso de Revisión Fiscal en Línea Procedencia.

Los tribunales Colegiados, así como el resto del sistema jurisdiccional si por algo se caracteriza es por su excesiva carga de trabajo.

Una anotación particular merece el hecho que es de vergüenza ajena que, siendo abogados, los integrantes del Poder Judicial admitan el tratamiento de esclavitud y sobajamiento que se les brinda en ese Poder.

De hecho, tal es el grado de tratamientos inusitados que no es extraño que más de uno se quede a dormir prácticamente en Juzgados de Distrito o en Tribunales Colegiados.

Esto ha transformado al Poder Judicial y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, más que en centros de distribución de la Justicia, en centros de estadística procesal.

Y me explico, el Consejo de la Judicatura tiene un sistema estadístico interno que obliga a los ya de por sí oprimidos trabajadores del Poder Judicial de la Federación a ser lacayos productivos, y lo mismo ocurre desde la Presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Y con el propósito de cumplir con la estadística de casos resuelto, dentro de los órganos es común que los Secretarios de Acuerdos analicen cuál es la práctica que les permite archivar lo más pronto posible las instrucciones en trámite.

Y así nos encontramos que más que una concentración por ejemplo en causas de improcedencia o sobreseimiento lícitas, que, los Secretarios de acuerdos son capaces de buscar cualquier pretexto con el fin de quitarse la pesada loza que significa sobre su cabeza el trámite de un nuevo expediente.

El problema es que en materia fiscal, desengrosar de esa manera la estadística judicial puede significar y más en estas épocas de crisis, que una familia pierda su medio de ingresos, dada la persecución del SAT.

Todavía más, también podría implicar que un conjunto de familias dependientes de un patrón queden en el desamparo ya no sólo legal sino económico dados los efectos indirectos de las actitudes de los trabajadores del Poder Judicial hacia su labor.

Y de esas prácticas obscuras nos viene un testimonio, nada más y nada menos, ahora, que, de la mano del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos Ministros decidieron poner un alto al abuso de los Secretarios de acuerdos quienes a mala gana recibían los juicios de revisión fiscal en línea y que para evitarse mayor carga de trabajo que aquella conque ya cuentan, decidían simplemente deshacerse de un caso más para evitarse la fatiga de obtener las copias respectivas del expediente electrónico y certificarlas.

Es importante la Jurisprudencia por contradicción consecuente:

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES VÁLIDA SU INTERPOSICIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO, SI SU ORIGEN ES UN JUICIO DE NULIDAD TRAMITADO EN LA MISMA VÍA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Del artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el recurso de revisión contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se sujetará a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución fije para revisión en amparo indirecto; por su parte, el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el recurso de revisión fiscal deberá presentarse por escrito, por conducto de la autoridad responsable y tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo conforme a la regulación del recurso de revisión. Al respecto, los artículos 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, también prevén expresamente la tramitación del recurso por vía electrónica, lo que se corrobora con lo dispuesto en el artículo 3o. de esa misma ley. Por otra parte, el artículo 58-Q de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto del procedimiento en línea que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aparta la presentación y trámite de los recursos de revisión y de los juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del Juicio en Línea, de la aplicación de lo dispuesto en el capítulo X denominado "Del Juicio en Línea", por lo que atendiendo al principio pro actione, ello no puede interpretarse en el sentido de que existe una prohibición de que se presenten a través del sistema en línea, sino de que, para ello, no se estará a las reglas ahí establecidas, esto es, el secretario encargado de la mesa a la que corresponda la resolución, deberá imprimir el archivo del expediente electrónico y certificar las constancias del juicio que deban remitirse a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se impugnen resoluciones de los juicios correspondientes a su mesa.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 29/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Primero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 29 de octubre de 2019. Mayoría de quince votos de los Magistrados Julio Humberto Hernández Fonseca (presidente), Arturo Iturbe Rivas, Osmar Armando Cruz Quiroz, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Froylán Borges Aranda, Ricardo Olvera García, Manuel Suárez Fragoso, Alfredo Enrique Báez López, Jesús Alfredo Silva García, Óscar Germán Cendejas Gleason, Luz Cueto Martínez, Luz María Díaz Barriga, Adriana Escorza Carranza, Martha Llamile Ortiz Brena y María Alejandra de León González. Disidentes: María Elena Rosas López, Edwin Noé García Baeza, J. Jesús Gutiérrez Legorreta, José Eduardo Alvarado Ramírez, Ernesto Martínez Andreu y Hugo Guzmán López. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretaria: Perla Fabiola Estrada Ayala.

Tesis y criterio contendientes:

La tesis I.7o.A.26 A (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTO DICHO RECURSO, TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS EMITIDAS POR LA SALA ESPECIALIZADA EN JUICIOS EN LÍNEA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SI LA AUTORIDAD PRESENTA EL ESCRITO RELATIVO A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE RIGE ESE TIPO DE PROCEDIMIENTOS.", aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 2105, registro digital: 2000893, y

El sustentado por el Décimo Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 109/2018.

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 29/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Contradicción de tesis 29/2018.

Votos

43616

LOCALIZACIÓN:

Tesis: PC.I.A. J/158 A (10a.) Semanario Judicial de la FederaciónDécima Época 2021922 28 de 131 Plenos de Circuito Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h Jurisprudencia (Administrativa)

Resulta pues un acto de justicia para el contribuyente que los Plenos del Primer Circuito sometan a trabajar y cumplir con su obligación de servicio a los Secretarios de Acuerdos de las mesas de trámite del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Mas notoria es esta tesis que prácticamente es un regaño a esos funcionarios por no cumplir con su trabajo.

E interesante será ver si los abogados que trabajan para este tipo de órganos jurisdiccionales continuarán en la permisividad del atropello de sus derechos laborales, no obstante que son abogados, y bien se reza en la facultad: Si eres abogado, tu deberías ser el primero en evitar que se atropelle tu dignidad.

Pero en fin, cosas veremos en el Poder Judicial y los Contenciosos Administrativos, aunque no dudo, que, a más de un abogado le de prácticamente el infarto cuando un Secretario de acuerdos audaz sale con una idea genial como esta para batear el trabajo.

Y aquí vale la pena preguntarse ¿tendrá el Poder Judicial o los contenciosos la estadística que precise con meridiana claridad cuántos casos se perdieron antes de que se formulara esta Jurisprudencia por contradicción y cuál fue el costo para los empresarios afectados?

Travesuras de un escribidor: Ay Señor Juez...

EL PLENO DEL PRIMER CIRCUITO REGAÑA A LOS SECRETARIOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Infortundamente en México aún tiene que cultivarse más en el plano Ius Filosófico la teoría de la responsabilidad estatal, para depurar este tipo de injustos.

JURISPRUDENCIA: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, Amparo medio control extraordinario.

JURISPRUDENCIA: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, es necesario agotar medios de defensa previos pues el amparo es un medio de control extraordinario.

Uno de los principios formales de respeto al orden jurídico es el de definitividad, que implica antes de acudir a un medio de defensa superior, que se haga el trámite de los procedimientos ordinarios de la ley que rige el proceso o procedimiento que se conoce.

Esos recursos pueden ser tanto para actos previos al cierre de la instrucción, en cuyo caso obtendrán la forma de incidentes; pero también pueden versar contra el juicio mismo en cuyo caso se trata de procedimientos que atacan el fondo del fallo que dictó la verdad legal o que puso fin al procedimiento.

E igualmente, en su caso se deberá dar trámite oportuno a los diversos incidentes de ejecución y a los incidentes formales por el defecto o exceso en ésta.

En su caso, sea se traten de incidentes o de impugnaciones del fallo que puso fin a la litis o procedimiento, estos deben pronunciarse en sus términos o la sanción será que el vicio o el fallo, según sea el caso, causen estado en contra del impetrante.

En tal sentido, el 14 de agosto de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó fallo e el siguiente sentido:

VIOLACIONES PROCESALES. EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPONE SU PREPARACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, NO ES IRRACIONAL NI VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO.

En términos del artículo 171 de la Ley de Amparo, el estudio de las violaciones procesales alegadas en un juicio de amparo directo es improcedente si la parte quejosa no agotó los recursos o medios ordinarios de defensa que procedieren en su contra, por lo cual, al incumplirse ese requisito de definitividad, se declararon inoperantes los conceptos de violación respectivos y la parte quejosa alegó la inconstitucionalidad del precepto porque ese requisito es violatorio de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, se considera que el citado precepto, al establecer que cuando se reclama la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deben hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando la parte quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo, es constitucional y no transgrede los derechos fundamentales del quejoso. Esto, ya que el requisito previsto para analizar las violaciones procesales obedece a la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario para el mantenimiento del orden constitucional. Conforme a dicha naturaleza, no se justifica acudir al juicio de amparo para la reparación de violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé algún remedio legal por el cual puedan repararse, ya que, en tal caso, la parte tiene la carga de agotar tales medios ordinarios o de lo contrario, su derecho de impugnación precluye. Esto es lo que justifica que no proceda el análisis de violaciones procesales respecto a las cuales no se hubieren agotado los recursos o medios de defensa ordinarios, ya que no sería válido combatir en amparo una violación procesal sobre la cual ya no se tiene derecho de impugnación, según las reglas del procedimiento del que emana el acto reclamado. Además, cuando la falta de impugnación se traduce en el consentimiento de la violación cometida, el vicio quedaría purgado. De ahí que la norma no sea arbitraria ni constituya un obstáculo irracional para la procedencia del estudio de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo.

PRIMERA SALA Tesis: 1a./J. 25/2020 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2022019 1 de 22

Primera Sala Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h Jurisprudencia (Común, Constitucional)

CONCLUSIÓN en materia de promoción de recursos:

Como se puede apreciar el principio de definitividad opera en todos los recursos que la ley de la materia ponga al alcance del ciudadano al momento de conducir el procedimiento, por lo cuál deberá ejercerse oportunamente, no obstante que el tribunal pueda oponerse a los mismos, de lo contrario el vicio o el fallo referente causarán estado y se ocasionará la improcedencia del Juicio de Amparo.

Excepción hecha cuando la propia ley deniega un medio de defensa, en cuyo caso queda habilitada de inmediato la vía de amparo para tramitar el juicio, más que como juicio, con el carácter recursivo por defecto en la propia legislación.

Si tienes dudas, envíame un mensaje a CONTACTO, Saludos Cordiales.

Juicio de amparo - Juicios OralesPalomares

Principio de Definitividad Jurisprudencia.
Mexico-fiscal.blospot.comJosé Antonio Apipilhuasco Ramírez

JURISPRUDENCIA: Embargo precautorio, inembargabilidad de bienes.

JURISPRUDENCIA: Embargo precautorio, para impugnarlo se debe probar la inembargabilidad de los bienes.

Por: José Antonio Apipilhuasco Ramírez.

El 21 de agosto de 2020 se público el criterio de Tribunales Colegiados de Circuitos en Materia de Embargo precautorio.

El criterio es importarte porque da luz de los requisitos esenciales para que en procedimientos fiscales de defensa de los intereses de los contribuyentes se perfeccione la inembargabilidad de bienes.

El criterio opera sobre el argumento de la inembargabilidad de bienes por tratarse de los indispensables para la supervivencia de la familia; por supuesto esto puede aplicarse a argumentos de bienes necesarios para le ejecución del oficio, negocio, empresa o del patrimonio familiar.

El énfasis en materia de perfeccionamiento se refiere a la adminiculación de las pruebas indispensables para este hecho.

El criterio es el siguiente

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE LA IMPUGNACIÓN DEL EMBARGO, EL EJECUTADO TIENE LA CARGA DE ACREDITAR QUE RECAYÓ SOBRE BIENES INEMBARGABLES.

De la interpretación adminiculada y armónica de los artículos 157 del Código Fiscal de la Federación, 40 y 42 de laLey Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 81 del Código Federalde Procedimientos Civiles, se obtiene que las facultades que legalmente se le confieren al actuario a nombre del Estado, presuponen que su dicho y apreciaciones sean consideradas como verdad oficial, cuya certeza es obligatoria, salvo prueba en contrario, pues el principio de la fe pública permite establecer que la autorización de embargar la ejerce con la condición de que por ningún motivo sustraiga de la esfera patrimonial del deudor lo que le es indispensable para éste, su familia, su profesión, arte u oficio, con el propósito de garantizar un mínimo de condiciones compatibles con la dignidad humana. Por tanto, si el embargo se impugna con base en la premisa de que recayó sobre bienes a los cuales la ley les concede la calidad de inembargables, el objetante tiene la carga de acreditar esa afirmación constitutiva de su pretensión, toda vez que la fe pública de que se encuentra investido el actuario debe destruirse con pruebas fehacientes que lleven a la convicción plena de que el embargo lo practicó ilegalmente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.

Amparo directo 406/2019. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretaria: Verónica Moreno Moreno.

LOCALIZACIÓN:

Tesis: IX.2o.C.A.5 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2022034 8 de 19

Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 21 de agosto de 2020 10:29 h Tesis Aislada (Administrativa)

En conclusión:

En caso de que se requiera tramitar cualquier tipo de incidente en materia de suspensión de la ejecución será indispensable, como en cualquier mini-juicio o juicio sumario incidental perfeccionar la etapa probatoria según el medio de defensa que se trate, revocación, juicio de nulidad, ampro o revisión constitucionales.

Si tienes dudas, envíame un mensaje a CONTACTO, Saludos Cordiales.

JURISPRUDENCIA: Embargo precautorio, para impugnarlo se debe probar la inembargabilidad de los bienes.

José Antonio Apipilhuasco Ramírez.

Procedencia del Juicio de Derechos Humanos. AMPARO (2013)

Procedencia del Juicio de Derechos Humanos. AMPARO (2013)

Mucho se ha modificado el Juicio de amparo desde 1848, en que al ser por primera vez estructurado por el mexicano Manuel Crescencio Rejón, lo configuró como un medio de defensa contra actos inconstitucionales del Poder ejecutivo en el Proyecto de Constitución para Yucatán.

Las reformas de 6 e junio de 2011, concluyeron consignando como valores de protección Constitucional a los Derechos Humanos. Y con ello se fijaron nuevos supuestos de procedencia para nuestro ahora Juicio de Derechos Fundamentales.

Los supuestos que hoy contempla nuestra legislación para iniciar la acción constitucional se encuentran en el artículo 103 y sus tres fracciones se sintetizan en las cuatro siguientes:

• Acción contra actos de autoridad.

• Acción contra leyes.

• Acción contra normas de carácter general.

• Acción contra normas que invaden competencias entre niveles de gobierno.

• Acción contra omisiones de autoridad o personas que funjan como autoridad.

En la siguiente tabla se explican los aspectos que distinguen cada una de las anteriores acciones:

Dada la nueva ley de amparo, apenas publicada en DOF de 2 de abril de 2013 y que armonizó las disposiciones constitucionales en materia de Derechos Humanos es de anotarse que por lo que respecta a la acción de Amparo por leyes que invaden de esferas competenciales, la procedencia del juicio será única y exclusivamente por lo que respecta a la persona humana, pues las autoridades que se duelan por lesión a sus intereses en tal sentido, tienen otros medios de defensa, como la controversia Constitucional.

En referencia a la acción contra omisiones de autoridad, la misma no sólo formaliza el amparo contra la negativa ficta de autoridad administrativa, sino que, atendiendo al principio de unisidad del sistema jurídico es posible ejercerla en los ámbitos tanto jurisdiccional, y especialmente en el legislativo por omisión en la impartición de justicia o violación al principio de oportunidad y emisión de la ley respectivamente.

Por lo que respecta al amparo contra omisiones de personas que funjan como autoridad quedan comprendidos como responsables y ejecutores, aquellos entes que, por ministerio de ley e incluso por acto de autoridad constitucional o no, ejerzan facultades de control, vigilancia y/o sanción respecto a los ciudadanos.

Es indudable que éstas acciones en materia fiscal amplían la oportunidad del ciudadano en materia de defensa, al prever supuestos que la anterior ley no proveía.

En caso de tener inquietudes, dudas o sugerencias, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros.